Trump elimina restricciones en la inteligencia artificial

Trump elimina restricciones en la IA con un plan que impulsa la innovación, pero genera dudas sobre riesgos éticos y sociales.

¿Sabías que en solo unos meses, Estados Unidos puede cambiar por completo el rumbo de la regulación de la artificial? Este giro normativo, impulsado por el plan de Trump, revelará cómo la política y la tecnología convergen con consecuencias globales. El tema es altamente relevante para quienes siguen el avance de la IA, ya que podría acelerar el desarrollo tecnológico, pero también implicar riesgos de seguridad, laboral o ético. Si te interesa entender cómo y por qué se están retirando límites en torno a la IA, y qué significa eso para innovadores, empresas y sociedad, este artículo es para ti. Sigue leyendo: te mostraré cómo puede triunfar la estrategia, qué planea Trump, y por qué hay voces de alerta. Vamos allá.

Desde enero de 2025, Donald Trump ha impulsado un enfoque enfocado en eliminar regulaciones federales sobre la inteligencia artificial, con el objetivo de estimular la innovación y reforzar la competencia global, especialmente frente a China.

Anulación de la orden ejecutiva de Biden

Trump revocó la orden ejecutiva de Biden, firmada en octubre de 2023, que exigía a desarrolladores de IA compartir datos de pruebas de seguridad antes de lanzar sus sistemas al público. Su propia orden, la EO 14179, pretende eliminar barreras normativas, promover la competitividad económica y garantizar el liderazgo de EE.UU. en IA.

El Plan de Acción en IA: principios y medidas clave

El 23 de julio de 2025, Trump presentó el «AI Action Plan» de 28 páginas, con más de 90 recomendaciones para revitalizar el sector.

Principales medidas:

Eliminar requisitos sobre ideología, como equidad, diversidad y cambio climático, en políticas federales de IA .
Simplificar permisos para centros de datos intensivos en energía.
Favorecer empresas tecnológicas, especialmente Nvidia, con acuerdos que permiten exportar chips H20 a China a cambio de una tasa del 15 %
Establecer un centro federal para estándares e innovación en IA (CAISI), junto con un foro de evaluación de modelos.

Homogeneizar normativa frente a iniciativas estatales

El plan busca imponer un estándar federal único, desestimando leyes estatales «excesivas» sobre IA, condicionando fondos federales y bloqueando regulaciones locales. La llamada “One Big Beautiful Bill” llegó a incluir una moratoria de diez años sobre regulaciones estatales, aunque después fue retirada del presupuesto tras fuerte oposición.

¿Por qué ahora? Motivos y promesas

Prioridad en innovación y liderazgo frente a China

Trump justifica la reducción de barreras como esencial para que EE.UU. gane la “carrera de la IA”, fomentando el crecimiento empresarial, la inversión y el dominio tecnológico global. Además, con el acuerdo de chips a China, mantiene una ventaja tecnológica que le hace dependiente de EE.UU.

Colaboración con el sector tecnológico

Figuras del sector como Nvidia, Meta, OpenAI o Palantir han impulsado estas propuestas, reforzando una visión común de menor intervención estatal . David Sacks, su asesor en IA, ha defendido esta “realpolitik tecnológica”.

Riesgos y críticas señaladas por expertos

Impacto en la seguridad, equidad y derechos laborales

La eliminación de regulación puede intensificar la desinformación, sesgos en sistemas, y degradación del empleo: expertos laborales advierten del riesgo real para los trabajadores. Además, reducir requisitos de seguimiento de seguridad pone en tela de juicio la protección de libertades civiles.

Obstáculos ambientales y operativos

Facilitar permisos sin regulaciones ambientales aumenta el consumo energético de centros de datos e impacto climático.

Fragmentación regulatoria y ausencia de estándares

Sin reglas claras, la expansión tecnológica puede carecer de confianza social; además, la reescritura de marcos de referencia como NIST, eliminando temas clave, debilita la gobernanza responsable.

Preocupaciones éticas y sobre el control estatal de la verdad

Al vetar ideologías consideradas “woke” y exigir una supuesta “objetividad”, el Estado asume el rol de árbitro de contenidos, lo que preocupa a defensores de derechos civiles.